Por Carlo Lara
“Nada más intenso que el terror de perder la identidad.” – Alejandra Pizarnik
El tema haitiano en la República Dominicana despierta muchas pasiones, comentarios, análisis y debates en el ámbito político, económico y social, en una dimensión inexplicable. Es común ver en los barrios, calles, municipios y provincias a personas de todos los estratos sociales opinar y hacer juicios positivos y negativos sobre la difícil y complicada situación de Haití y su impacto en nuestro país.
En los últimos días, hemos visto a diferentes líderes políticos y empresarios hacer alusión a la necesidad de regularizar la situación migratoria de los nacionales haitianos que laboran en el área agrícola y la construcción, alegando que son dos sectores que se han visto gravemente lacerados luego de que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunciara y ejecutara un amplio plan de deportaciones, con el propósito de devolver a su país de origen unos 10 mil indocumentados haitianos semanales.
El argumento principal de los interesados del área agrícola son las grandes pérdidas a las cuales se enfrentaría el país en caso de que las plantaciones de arroz, tabaco, entre otros cultivos, no cuenten con la mano de obra haitiana.
El mismo planteamiento lo hacen los empresarios del sector construcción, quienes ya han anunciado la paralización de obras en la región Este y otros puntos del país debido a la escasez de trabajadores haitianos.
Cada punto señalado por estos actores de la vida nacional y económica en tal sentido, de alguna manera, tiene razón. Ahora bien, nos surge una importante interrogante: ¿cuál sería el costo político, social y económico que pagaría la República Dominicana al privilegiar a estos sectores?
Hablemos un poco del costo social y económico que, por décadas, ha arrastrado la República Dominicana al brindar concesiones a los nacionales haitianos en condición de indocumentados, no solo en la agricultura y la construcción. Debemos recordar que áreas como la salud, la educación, entre otras, también se han visto afectadas con la proliferación de la migración haitiana indocumentada en el país.
Nuestra reflexión la sustentamos en el hecho de que, en la actualidad, hay 200 mil alumnos de los casi 2 millones que cursan básica y secundaria en las escuelas públicas. De esta cantidad, 143 mil son de origen haitiano, representando el 71.5 % de la totalidad de extranjeros matriculados en las escuelas del país, según datos ofrecidos por el propio canciller dominicano Roberto Álvarez.
Ahora bien, ¿estarán estos niños, en su gran mayoría hijos de padres indocumentados haitianos, en la capacidad psicológica y con el compromiso social, moral y patriótico de asumir a los padres fundadores de la dominicanidad? ¡Por supuesto que no! Eso será imposible, y es simple: ellos pertenecen a otra cultura social y, más que eso, vienen de familias comprometidas moral y emocionalmente con su país de origen, Haití.
De igual manera, no podemos dejar de mencionar que los últimos datos del Repositorio de Información y Servicios de Estadística del Servicio Nacional de Salud (SNS) indican que, durante los dos primeros meses del año 2024, en el país fueron atendidos 5,488 partos de madres de origen haitiano, representando el 35 % de los 15,661 nacimientos documentados.
Sería interesante conocer, de parte de algunos empresarios y políticos que proponen regularizar a los nacionales haitianos que trabajan en la agricultura y la construcción, ¿cuál sería el mecanismo de regularización: permisos de trabajo o legalización? ¿Están estos permisos contemplados en la Ley General de Migración? Y, por último, ¿este plan incluiría a sus familiares: esposas e hijos?
Insistimos: la República Dominicana necesita un marco legal que garantice el control de la migración de indocumentados haitianos. Pero, además, que a través de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Dirección General de Migración puedan generarse estadísticas seguras y confiables de cada uno de los nacionales haitianos en el país. El Estado está en la obligación de redoblar los esfuerzos en proteger los pasos fronterizos que, durante décadas, han sido un desorden, lleno de corrupción, sin importar el gobierno de turno.
Viendo este panorama complicado y difícil, nos surgen varias interrogantes: ¿está la República Dominicana dispuesta a pagar un precio tan alto como la amenaza de perder su identidad para los próximos 30 años, a través del trueque de la llegada de cientos de haitianos, a quienes hoy algunos políticos y empresarios sugieren entregarles sus papeles para poder trabajar legalmente en el país?
Decía la escritora y compositora estadounidense Miley Cyrus: “Nunca debemos perder nuestra identidad, eso es lo que nos hace únicos y especiales.”
Sabias palabras de Cyrus. En la actualidad, la cantidad de nacionales haitianos en la República Dominicana es incierta. Las autoridades no cuentan con datos certeros y definitivos sobre la cantidad de haitianos en el país. De lo que sí estamos seguros es de que son muchos en todo el territorio dominicano, situación que pone en peligro, a corto y largo plazo, la preservación de la identidad nacional.
Si el gobierno dominicano no hace frente e instituye un marco legal y definitivo para todas las áreas económicas del país, en donde la mano de obra haitiana sea regulada como lo establece la Ley de Migración, es imposible contrarrestar una situación que se encuentra desbordada y en total descontrol. Sin lugar a dudas, esta situación pone en peligro de extinción la identidad nacional debido a la proliferación de un grupo étnico que florece cada día sin control, forzando de manera inequívoca el nacimiento de una nueva sociedad integrada por jóvenes que no representan, de ninguna manera, el pensamiento de Juan Pablo Duarte y los demás próceres fundadores de la nación dominicana.
El presidente Luis Abinader tiene el gran reto de proteger la identidad nacional, de preservar nuestras costumbres, cultura y religiones, e implementar medidas humanas que permitan garantizar el respeto a los valores patrios, para que el futuro de la sociedad dominicana no se encuentre bajo la amenaza de una mezcla cultural diferente e incompatible. Esta sería la única forma de evitar que en la República Dominicana florezca una nueva identidad.
