El 23 de febrero de 2026, una falla monofásica en una línea de transmisión de 138 kilovoltios sacó del sistema al 65% de la energía del país en cuestión de segundos. Era el segundo gran blackout en tres meses y medio. El informe oficial ya está publicado, y sus hallazgos son incómodos para todos los actores del sector.
Santo Domingo— El apagón en República Dominicana del 23 de febrero de 2026 fue el segundo gran blackout en solo tres meses y medio. Una falla monofásica en una línea de transmisión de 138 kilovoltios sacó del sistema al 65% de la energía del país en cuestión de segundos. El informe oficial ya está publicado, y sus hallazgos son incómodos para todos los actores del sector.
El apagón provocó la salida de alrededor del 65% del sistema eléctrico nacional. Los registros del Organismo Coordinador muestran que a las 11:00 a.m. la generación se desplomó hasta 955.1 megavatios, cuando estaban programados poco más de 2,658 MW para esa hora, con un desvío preliminar de 1,703.3 MW. Para ponerlo en perspectiva: es como si dos tercios del corazón eléctrico del país se detuvieran de golpe, sin aviso, en plena hora pico.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, confirmó que el origen fue un disparo en la línea de 138 kilovoltios Hainamosa–Villa Duarte, aunque los detalles técnicos completos tardaron días en conocerse. Más tarde, el propio Santos explicó que el colapso se originó por una explosión en esa red de transmisión, lo que generó un disparo en cascada que afectó incluso a centrales fotovoltaicas. El administrador de la ETED, Alfonso Rodríguez, activó de inmediato los protocolos de emergencia y coordinó con el Organismo Coordinador y las empresas distribuidoras y generadoras para la recuperación progresiva del servicio.
De acuerdo con el informe del Organismo Coordinador, el apagón del SENI se activó tras el disparo de la unidad Punta Catalina dos, central en la matriz energética dominicana. El disparo se originó después del cortocircuito inicial en la línea Hainamosa–Villa Duarte y la actuación en cadena del esquema de desconexión. En lenguaje más llano: una falla en un punto crítico de la red desencadenó una reacción en cascada que el sistema no pudo contener. Igual que en noviembre pasado. Igual que en otros episodios que llenan el historial eléctrico del país.
El arco territorial del apagón fue amplio. Entre las provincias afectadas se encontraron el Gran Santo Domingo, Santiago, Peravia, San Francisco de Macorís, Dajabón y El Seibo. En las calles del Distrito Nacional, los semáforos dejaron de funcionar en múltiples intersecciones simultáneamente, generando caos vehicular en las principales arterias durante las horas de mayor actividad laboral. La imagen de agentes de tránsito dirigiendo el flujo vehicular a mano se repitió, con una familiaridad incómoda, como ya ocurrió en noviembre.
Uno de los impactos más visibles fue en el transporte masivo. El Metro de Santo Domingo suspendió operaciones en ambas líneas y procedió a evacuar pasajeros. Lo que no debería olvidarse de ese episodio no es la evacuación en sí, sino el detalle que una pasajera evacuada de la estación Gregorio Billini describió en declaraciones recogidas por Diario Libre: «Todo estaba a oscuras, sin luces de emergencia… solo la gente alumbrando con los teléfonos.» El Teleférico de Santo Domingo también suspendió operaciones de forma preventiva. Ambos servicios comenzaron a restablecerse gradualmente conforme avanzó la tarde, aunque sin un horario oficial de normalización.
La excepción notable fue el Aeropuerto Internacional Las Américas. Luis López, vocero de Aerodom, confirmó que el terminal operó con normalidad gracias a sus sistemas de respaldo energético. Vuelos nacionales e internacionales continuaron sin interrupciones. Es el mismo contraste de siempre: quienes pueden pagar la redundancia energética, la tienen; quienes no pueden, esperan a oscuras.
El SENI quedó restablecido en un 100% a las 11:53 p.m. del lunes, según confirmó el ministro Santos. Trece horas de apagón para gran parte del país. El restablecimiento se inició con unidades hidroeléctricas y centrales térmicas que permanecieron disponibles para el arranque, y el proceso de reconexión fue ordenado para evitar nuevos disparos de protección o inestabilidad en la red.
El costo no fue solo en incomodidad. El apagón general generó pérdidas económicas estimadas en 200 millones de dólares, según especialistas consultados por elCaribe, calculadas bajo el método Costo de Falla de Energía, que mide el daño económico por cada MWh no suministrado. Durante el apagón se dejaron de suministrar aproximadamente 25,000 MWh. La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenacerd) calificó el evento como un «golpe directo al pulmón de la economía», señalando pérdidas superiores a RD$300 millones solo en el sector de las Mipymes, incluyendo colmados, carnicerías, almacenes y pequeños centros de servicios. Fenacerd estimó además que los comerciantes con sistemas de respaldo gastaron RD$135 millones adicionales en combustible para mantener sus plantas eléctricas durante el apagón.
Un economista describió el evento como un «impuesto silencioso» sobre la estabilidad emocional y la competitividad del país. No es una metáfora gratuita. Cada hora sin luz es producción detenida, mercancía perdida, servicios interrumpidos, decisiones de inversión reconsideradas.
Noviembre, y ahora febrero. El expresidente Danilo Medina se mostró sorprendido de que se haya producido un apagón general tan cercano al de noviembre del año pasado, con solo tres meses y medio de diferencia, y señaló que aquel evento fue un aviso que el Gobierno no aprovechó para corregir las fallas. No fue el único en señalarlo. El informe OC-SENI, al que tuvo acceso elDinero, confirmó que no hay un solo responsable: la falta de inversión y supervisión subyacen entre los hallazgos. Las recomendaciones del informe hacen hincapié en la necesidad de modificar los sistemas internos de control en la central Punta Catalina, que fue el punto crítico donde se desencadenó el colapso. La secuencia de desconexiones expuso la dependencia de la red ante fallas en centrales estratégicas.
El Comité de Fallas del SENI fue convocado el jueves siguiente para presentar y discutir el informe técnico preliminar. La revisión inicial detectó que el evento desencadenó la activación automática de los mecanismos de protección diseñados para preservar la integridad del sistema, lo que, según las autoridades, evitó daños mayores y facilitó la restauración del servicio.
El episodio trascendió fronteras. El Washington Post cubrió el evento presentándolo como el segundo gran blackout del país en tres meses, y la agencia oficial china Xinhua también reportó el incidente desde Santo Domingo. Que dos medios de esa proyección global registren un apagón eléctrico en un país caribeño no es rutinario. Es una señal de que el problema empieza a pesar en la percepción internacional del país, con implicaciones directas para el turismo y la inversión extranjera en un momento en que la República Dominicana aspira a consolidarse como hub logístico regional.
La respuesta ciudadana en redes sociales fue, una vez más, más rápida y más granular que la comunicación oficial. Usuarios en Twitter/X construyeron en tiempo real un registro barrio por barrio de la extensión del corte, mucho antes de que la ETED emitiera su primer comunicado. Los hashtags asociados al apagón escalaron en minutos entre los temas más comentados del país, con una mezcla de indignación, humor amargo y resignación que retrata con precisión el nivel de agotamiento ciudadano con la problemática energética.
El blackout del 23 de febrero confirmó lo que se sospechaba desde noviembre: que volvería a ocurrir. Lo que el informe oficial no dice, pero los números sí, es que el país no puede darse el lujo de esperar otro aviso. El sistema eléctrico dominicano tiene grietas que ya no caben en un comunicado de prensa.
